El abogado Benito Saldaña es socio fundador del despacho sevillano Abogados Saldaña. En ese artículo aporta su visión sobre la huelga de jueces y fiscales del 19 de noviembre. Un análisis sobre la necesidad de que el poder judicial mantenga una independencia real.
El pasado 19 de noviembre, los jueces y fiscales de toda España han secundado con notable éxito una huelga. Con ella han reivindicado no solo los derechos económicos legítimos (que es la razón menos importante de todas) sino la recuperación de principios fundamentales propios de un Estado de Derecho y de la dotación de herramientas tecnológicas y personales necesarias para el normal funcionamiento de este poder.
El fundamental leitmotiv de esta huelga de jueces y fiscales estoy seguro de que lo suscribimos todos los actores que, de una forma u otra, participamos de las estructuras del poder judicial: la separación de poderes.
La renuncia del jurista Manuel Marchena
Cuando escribo estas notas es noticia la renuncia del reputado jurista D. Manuel Marchena a presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. El PSOE y el PP habían pactado que dicho magistrado fuera el que presidiera esos fundamentales órganos. Pero veamos el cinismo, el intervencionismo, el descaro y la ominosa manipulación de los políticos en el poder judicial. Este presidente lo nombran los 21 vocales que componen el consejo. Esos vocales nombran al presidente. Resulta que los vocales (20) que lo van a elegir los nombra el Parlamento. El Parlamento está compuesto por diputados de los diversos partidos políticos. Pues bien, esos dos partidos políticos han decidido que el Parlamento nombre a los vocales que cada partido proponga. Y, una vez elegidos, darle órdenes para que voten al señor Marchena como presidente. O sea, que aún no están elegidos los vocales y ya se ha nombrado presidente. ¡Vaya descaro!
Lógicamente, el señor Marchena se ha sentido manipulado, un juguete en manos de los partidos. Ha percibido una podedumbre del sistema tal que, en aras de la independencia del poder judicial al que pertenece, ha decidido no entrar en ese nauseabundo juego partidista, en esa politización del independiente poder judicial.
La postura de la ministra de Justicia
Pero aún hay más descaro. La actual ministra de Justicia, de profesión fiscal (de la Audiencia Nacional) participó en una huelga de jueces y fiscales que hubo el 22 de mayo de jueces y fiscales reivindicando la separación de poderes. Ahora que es ministra, haciendo gala de un insuperable cinismo, es quien pacta con Rafael Catalá (ex ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy) el torticero nombramiento del máximo representante de los jueces.
Quien reclamó mediante huelga la división de poderes, ahora, aupada al poder y obedeciendo órdenes del supremo cacique señor Sánchez, destroza la, al menos formal, división de poderes.
Una huelga de jueces en busca de la independencia
Los jueces y fiscales, con su huelga, no hacen otra cosa que reclamar la mínima dignidad que la justicia se merece. Ponen al descubierto aquella táctica de sometimiento del poder judicial que ya iniciara Alfonso Guerra con aquella frase que hizo historia: «Monstesquieu ha muerto».
Todo mi apoyo a esta huelga de jueces y fiscales reivindicativa que no debe terminar.